¿Qué proponemos?
Hacer uso de las bases de datos disponibles para hacer seguimiento a anomalías en la compra y venta de permanganato de potasio, químico utilizado en la producción de cocaína para el procesamiento de la hoja de coca.
El permanganato tiene diferentes usos en la industria, por lo tanto, existen registros actuales e históricos de las importaciones que entran de manera legal al país. Se propone utilizar machine learning para detectar patrones y anomalías en la compra y venta de este compuesto, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las empresas, su residencia fiscal, el volumen de las importaciones y las tendencias históricas de su comercialización. Una vez identificadas estas anomalías, se espera que las autoridades competentes como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelanten las investigaciones correspondientes. En los casos en que se identifique un riesgo inminente de que el permanganato de potasio pueda ser utilizado para producir cocaína, se deben hacer incautaciones (en el aeropuerto, en el puerto de entrada o en las plantas de producción).
¿Qué problema(s) trata de solucionar la palanca? (Nivel: nacional, regional, local)
El Gobierno Nacional de Colombia se comprometió a reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína en 50 % para 2023. Esta declaración surge a raíz del aumento en el número de hectáreas cultivadas de coca desde 2013 y las fuertes presiones de los Estados Unidos, el principal país demandante de cocaína, para reforzar la política antidrogas.
Asimismo, el presidente Iván Duque ha manifestado la importancia que tiene la lucha contra el narcotráfico en la agenda de su mandato y ha insistido en retomar la aspersión aérea como política de erradicación, tras la suspensión del uso de glifosato en 2015.
El cumplimiento del cuarto punto del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional de Colombia y el grupo Farc-EP implica un reconocimiento de la participación de las drogas ilícitas en el conflicto armado y un compromiso del Gobierno de implementar políticas con un trato diferenciado hacia el consumo, la producción de cultivos ilícitos y el narcotráfico.
En este sentido, esperamos que la propuesta de hacer uso de la información de compra y venta de permanganato de potasio para identificar anomalías, especialmente en las zonas geográficas de Colombia más afectadas por la producción y el tráfico de drogas, contribuya a cumplir el objetivo de política de reducir el número de hectáreas cultivadas de coca y la cantidad de cocaína producida, apoyando la implementación de políticas de interdicción.
Diagnóstico/justificación ¿Por qué lo proponemos?
Respecto al control de cultivos de coca, en Colombia se han llevado a cabo principalmente políticas de erradicación (con glifosato, manual y por sustitución voluntaria). La evidencia dice que la erradicación forzosa ha sido poco efectiva y, además, ha tenido altos costos económicos, sociales y ambientales. Camacho y Mejía (2017)[3] encuentran que la erradicación forzosa por medio de campañas aéreas con glifosato tiene efectos positivos y estadísticamente significativos sobre el número de consultas dermatológicas, consultas respiratorias y abortos espontáneos. También se han documentado los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, especialmente en temas de deforestación, contaminación de fuentes hídricas y reducción de poblaciones de anfibios, y sobre la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado en los lugares en los que se implementaban las políticas de erradicación forzosa.
De acuerdo con la evidencia, Mejía y Restrepo (2016)[4] encuentran que el costo marginal para los Estados Unidos de reducir la cantidad de cocaína comercializada en el mercado minorista en un kilogramo es de aproximadamente $COP 940.000 si los recursos son destinados a la financiación de esfuerzos de erradicación. Ahora, también encuentran que el costo de alcanzar este mismo resultado es de $COP 175.000 si, por el contrario, se financian políticas de interdicción (entendidas como la destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína, incautaciones de base de coca, de hojas de coca y de cocaína). La costo-efectividad de las políticas de interdicción justifican la necesidad de implementar políticas que fortalezcan los esfuerzos de interdicción por parte del Gobierno Nacional.
Asimismo, Cote (2019)[5] utiliza datos desde 1999 hasta 2017 y encuentra que las medidas de interdicción, a pesar de golpear las últimas etapas de la fase de producción, también tienen un impacto negativo en el número de hectáreas cultivadas. Esto se explica porque la distribución del valor agregado en la producción de cocaína se concentra en los últimos eslabones de la cadena. Es decir, el valor agregado total se concentra, especialmente, en los eslabones de la cadena que producen base de coca y clorhidrato de cocaína, y que se dedican a traficarla.
También vale la pena resaltar que el porcentaje de cocaína incautada en relación con el potencial de producción de clorhidrato de cocaína ha disminuido en los últimos años (hasta 2019 según los datos disponibles), como muestran los siguientes gráficos.
Ahora bien, no existe evidencia sobre la eficiencia de la interdicción de precursores químicos. No obstante, es claro que es muy difícil producir cocaína sin permanganato de potasio, de tal manera que eliminar esta sustancia de la ecuación tiene efectos negativos sobre la producción de cocaína.
Actores responsables de gestionar/implementar la palanca ¿Quién lo haría?
Los datos de permanganato de potasio, actuales e históricos, son fundamentales para la implementación de la palanca. Por esto, es esencial contar con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Una vez se tengan estas bases de datos, es necesario organizarlas y analizarlas para detectar patrones y anomalías en la compra y venta de esta sustancia. Para realizar esta función se necesita de una institución/grupo de personas (como la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF) que tengan conocimientos en estadística y en machine learning.
Finalmente, la Fiscalía y la Policía Nacional deben encargarse de realizar las investigaciones e incautaciones pertinentes. También se puede recibir apoyo del Consejo Nacional de Estupefacientes (adscrito al Ministerio de Interior) y la Dirección Nacional de Estupefacientes (adscrita Fiscalía General de la Nación).
Mecanismos de evaluación, rendición de cuentas o mediciones
Los mecanismos de evaluación de la palanca deben responder a las siguientes preguntas:
1. De las anomalías identificadas, ¿cuántas conducen a investigaciones efectivas?
2. De las investigaciones efectivas, ¿cuántas conducen a incautaciones?
3. ¿Qué efecto tienen las incautaciones de permanganato de potasio sobre área cultivada y sobre precios de coca y cocaína en la zona afectada?
4. ¿Cuántos procesos judiciales comienzan a raíz de este mecanismo?
Beneficios esperados de la palanca
Se espera que esta palanca contribuya a reducir la producción de cocaína en Colombia y que sea una política sin externalidades negativas en el medio ambiente, en la salud de las comunidades con presencia de cultivos ilícitos y en su relación con el Estado.
Costos de la palanca
•Equipo de trabajo.
•Salarios para profesionales.
•Costo de recopilar y ordenar la información (base de datos).
•Costos de traslado de los investigadores.
•Costos de mecanismos y equipos de protección de los investigadores.
Otros aspectos a mencionar
Esta palanca es una herramienta que apunta a los últimos eslabones de la cadena de producción de cocaína. No obstante, para ser efectiva, debe ser parte de una política de drogas integral que tenga un trato y una retórica diferenciada hacia el consumo, la siembra, la producción y el tráfico de drogas.
Autor: Hernando Zuleta[1]
[1] Profesor Titular en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes
[2] Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2018). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018. Colombia. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afectador_por_Cultivos_Ilicitos_en_Colombia_2018_.pdf
[3] Camacho, A., y Mejia, D. (2017). The health consequences of aerial spraying illicit crops: The case of Colombia. Journal of Health Economics, 54, 147-160. Disponible en: https://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-Working-Paper-408-Camacho-Mejia-Health-Consequences-Aerial-Spraying-Colombia.pdf
[4] Mejia, D., & Restrepo, P. (2016). The economics of the war on illegal drug production and trafficking. Journal of Economic Behavior & Organization, 126, 255-275. https://pascual.scripts.mit.edu/research/11/paper11.pdf
[5] Cote, J. P. (2019). The Effect of Interdiction on Coca Cultivation in Colombia. Documento CEDE (2019-18). Disponible en: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2019-18.pdf
[6] Mejía, D., & Rico Valencia, D. M. (2010). The Microeconomics of Cocaine Production and Trafficking in Colombia. Documento CEDE (2010-19). Disponible en: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/microeconomiaproduccioncoca_DanielMejiayDanielRico_Uniandes_2010.pdf
[7] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) (2019). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_Cultivos_Ilicitos_2019.pdf
[8] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) (2019). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_Cultivos_Ilicitos_2019.pdf