En nuestra sociedad, pocos cuestionan que la historia se basa en datos que deben legarse a la posteridad. En este sentido, los archivos presidenciales constituyen un enorme acervo de información, lo que hace necesaria su custodia y preservación.

El origen de las Bibliotecas Presidenciales procede del estadounidense Franklin D. Roosevelt. Cuando el expresidente donó sus papeles personales y presidenciales al Gobierno Federal, sus amigos crearon una asociación para recaudar fondos para la construcción de la biblioteca y edificio de un museo donde se albergarían. Más tarde, Harry S. Truman continuaría la tradición con una Ley de Bibliotecas Presidenciales.

El tratamiento que hace cada país de este tipo de archivos es dispar. La mayoría de naciones se decantan por regular los documentos presidenciales dentro de una ley general de archivos, pero otros desarrollan una legislación específica. Respecto a su gestión, unos países han creado sistemas definidos, con archivos de la presidencia (como Argentina, Italia o Portugal); otros, sistemas genéricos con, simplemente, archivos (como Reino Unido, México, Francia o Canadá); y otros, como Estados Unidos, con un modelo mixto con un sistema coordinador de las bibliotecas presidenciales.

En España, la documentación que afecta a la Presidencia del Gobierno, al carecer de carácter administrativo, ha quedado al margen de las normas y las prácticas que rigen la conservación de la Administración General del Estado. Por ello, buena parte de la documentación generada por los distintos presidentes del gobierno de la democracia en España, al no ser archivos públicos, permanecen en su ámbito privado.

La importancia histórica, política y social de los archivos presidenciales queda clara con solo enumerar el tipo de documentos que pueden integrarlos: documentación privada; documentación generada en el ejercicio de la actividad política, en cargos públicos y en la Presidencia; documentación tras el cese, al margen de la creada como cargo público; manuscritos personales; documentos audiovisuales; objetos y recuerdos. Los documentos se clasifican de dos maneras: aquellos que pueden difundirse y los que no, los clasificados conforme a la Ley de Secretos Oficiales o asuntos políticos sensibles.

La Fundación Felipe González –movida por sus objetivos fundacionales de gestionar y poner a disposición de los ciudadanos un archivo de enorme importancia sobre un período fundamental de la historia de España y favorecer un mayor y mejor conocimiento de la política española e internacional y de cuestiones esenciales de nuestro tiempo– trabajará para ayudar a lograr un marco adecuado para la conservación, gestión y difusión del conjunto de estos archivos al entender que forman parte de una herencia política, social, cultural y administrativa incalculable.