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Legislativas

Bases de datos de inteligencia institucional

28 febrero 2020

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Con el objetivo de mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas; diseñar políticas públicas basadas en la evidencia empírica y científica disponible y evaluar empíricamente y científicamente esas políticas una vez implementadas, se propone la creación de un hub de datos.

Cada propuesta de política pública implementada debe adjuntar, además de una memoria económica (que ya es obligatorio, y cuya mejora daría para otra propuesta de reforma también muy necesaria), una “memoria de datos” (o de “inteligencia institucional”). Es decir, debe especificar el modo en el cual se van a recoger datos que permitan realizar un análisis ex ante de la pertinencia de la implementación de la política pública y, sobre todo, una evaluación ex post de sus efectos (para lo que es necesario recoger datos ex ante). Esa memoria de datos debe venir informada por un organismo experto en recogida de datos para el diseño y evaluación de políticas públicas.

El órgano encargado de llevar a cabo la propuesta sería creado ex novo y se trataría de crear un organismo que centralice el diseño de la recogida de datos y del mantenimiento posterior de las bases de datos creadas (garantizando obviamente que los datos sean anónimos). Se trataría de una especie de “INE” de las políticas públicas. Este organismo asumiría también la función de coordinar la construcción de bases de datos que puedan ser utilizadas en investigación.

Además de coordinar la construcción de bases de datos a partir de datos ya existentes, este organismo tendría asignadas competencias para coordinar la recogida de datos de cada nueva política pública implementada. En este sentido, cada unidad dentro del sector público debería comunicar la política pública planeada a la unidad de recogida de datos y ésta debe plantear propuestas de recogida de datos que permita el análisis antes, durante y después de la implementación de cada política pública.

Muchas políticas públicas fracasan porque no se tienen datos que permitan realizar un análisis ex ante de la situación del sector o los usuarios a los que va dirigida la política. Asimismo, muchas políticas públicas, una vez implementadas, tienen efectos distintos a los inicialmente esperados por el legislador. Los ejemplos son incontables.

El primer ejemplo es una política americana que consistió en la reducción del número de alumnos por clase en California en 1996. Años después, el análisis de los efectos de esta política mostró que el rendimiento académico de los alumnos había disminuido después de la reducción del número de alumnos por clase. El análisis mostró que esto fue debido a que la rebaja del número de alumnos obligó a contratar de golpe muchos profesores, con lo que el nivel medio del profesorado bajó y el “efecto calidad del profesor” fue mayor que el efecto “aulas con menos alumnos”. Este análisis se pudo realizar por existir datos muy detallados sobre la situación de los colegios de California antes y después de la política pública. En España es prácticamente imposible realizar análisis parecidos.

Otro ejemplo es la política de la Junta de Extremadura de hace algunos años (2011, Plan 18-25) consistente en dar un cheque por valor de 1000 euros a todos los ciudadanos entre 18 y 25 años que, no habiendo acabado la educación secundaria en el momento de implementar el plan, se matriculasen y aprobasen la Secundaria en los años posteriores. Una evaluación reciente de esta política ha mostrado que esta política no consiguió que se matriculasen más alumnos de los que se habrían matriculado en ausencia del plan. Este análisis se pudo realizar gracias a la generosidad del departamento concreto de la Junta de Extremadura que aplicó la política, que dio acceso a los datos a un grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura. Este es un caso aislado, ya que en la mayor parte de los casos los investigadores se encuentran con la imposibilidad de analizar una política por no existir datos, o con la enorme resistencia del sector público a compartir los datos de los que disponen con investigadores. Unas veces por razones políticas y otras simplemente porque los datos no se recogieron de una forma que permita después su análisis. Esto se traduce en políticas que se implementan sin tener una evidencia científica o empírica detrás que las avale, y en políticas que o no se retiran a tiempo por no haber sido correctamente evaluadas o no se modifican para conseguir que funcionen mejor.