1 ¿CUÁL ES LA IDEA?
Implementar un Observatorio de Violencias y Discursos de Odio en el Aula que permita abordar las diferentes problemáticas de la violencia en el ámbito escolar. Además de producir datos, información y saberes relacionados con esta problemática, el Observatorio se propone como un espacio a construir desde los mismos establecimientos educativos para atender las situaciones de violencia que se despliegan, a partir de soluciones propuestas por cada comunidad educativa.
2 ¿QUÉ ERRORES TRATA DE SOLUCIONAR ESTA IDEA?
El Observatorio tiene el objetivo de aportar soluciones locales y específicas a los problemas de la violencia y los discursos de odio (racismo, xenofobia, homofobia, aporofobia, discriminación de género, etc.) en las comunidades escolares. La iniciativa se propone enmendar errores comunes en la aplicación de este tipo de propuestas, que incluyen: una visión acotada de la comunidad escolar, ceñida al ámbito del establecimiento escolar y que deja por fuera otros espacios como la familia o las redes sociales; el desarrollo de programas “enlatados”, que no tienen en cuenta el contexto social y cultural en el que se aplican; y modelos de abordaje de “arriba hacia abajo”, que se construyen desde el supuesto saber técnico de los cuadros burocráticos antes que desde el saber situado de los actores vinculados a las comunidades escolares.
Para evitar los errores mencionados, nuestra palanca se centra en tres elementos principales:
- La violencia y los discursos de odio que se pretenden abordar son los que se producen en la comunidad escolar, que incluyen las violencias en el aula y en los establecimientos, pero también las que se producen en espacios digitales ―como redes sociales y plataformas― y espacios no escolares que forman parte de la comunidad educativa, como los ámbitos familiares. Por lo tanto, el criterio del espacio de acción es tomado en un sentido amplio.
- Los protocolos de acción y el saber para intervenir contra las diversas formas de la violencia y los discursos de odio se producirán de manera descentralizada y de abajo hacia arriba, es decir, serán desarrollados por y para cada una de las comunidades educativas, otorgándole reconocimiento y valorizando los saberes y las experiencias propias de cada comunidad.
- De acuerdo con la Observación General N°24 de la Convención de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas (2019) y con el alcance de la acción contra los discursos de odio y la violencia que proponemos en el punto 1, es necesario reconocer a la escuela como un actor importante en el sistema de protección de derechos de los niños y los jóvenes. En este sentido, mediante la figura de la “persona allegada” ―propuesta por la observación citada―, la comunidad educativa puede intervenir como mediadora en diversos espacios donde se produzcan situaciones de violencia e, incluso, acompañar a los estudiantes en procesos judiciales de diversa índole para garantizar que se respeten sus derechos.
Además, nos parece importante resaltar que en los casos en que tanto el agraviado como el agresor sean menores de edad ―ya sea de la misma o de diferentes comunidades educativas―, al estar ambos en etapas tempranas del desarrollo personal y social y sujetos a los mismos derechos, la comunidad educativa puede recurrir a mecanismos para reparar el clima comunitario desde una perspectiva alternativa a la judicial, tal como lo prevén las recomendaciones sobre justicia restaurativa de las Naciones Unidas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2006).
Por último, es importante tener en cuenta que, en muchos casos, los discursos de odio y las violencias contra los jóvenes pueden producirse en el ámbito familiar. En este sentido, considerando el extenso marco de acción que le otorga este proyecto al Observatorio ―en razón de la definición ampliada de comunidad educativa―, será importante que desde las mismas comunidades se construyan estrategias específicas para reconocer, monitorear y actuar en caso de que se produzcan situaciones de violencia en el espacio familiar.
De acuerdo con el punto 2, los mecanismos de intervención para garantizar que se sostengan los derechos de los niños y jóvenes serán elaborados y puestos en marcha según las experiencias y saberes de cada comunidad educativa.
3 ¿QUIÉNES SERÁN LOS RESPONSABLES DE GESTIONAR LA IDEA?
Los responsables de llevar a cabo este proyecto serán los gobiernos municipales, las carteras encargadas de la política educativa que de ellos dependan y, en mayor medida, las comunidades de cada institución educativa de nivel secundario de cada jurisdicción.
Las comunidades educativas construirán protocolos de abordaje de las violencias en el aula acordes a sus propias necesidades y trayectorias socio-culturales, siguiendo un criterio inclusivo y democrático, del cual participarán no solo los directivos y los docentes, sino también los estudiantes y otros miembros que así lo deseen.
En una segunda instancia, las estrategias específicas que haya elaborado cada comunidad educativa serán elevadas a las autoridades de las jurisdicciones correspondientes para la puesta en común y la transferencia de conocimientos entre comunidades educativas.
De este modo, se podrá construir un marco de acción compartido de “abajo hacia arriba”, que ayudará a unificar los esfuerzos y generar lineamientos preventivos claros que tengan, al mismo tiempo, la suficiente flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos. La puesta en común también posibilitará establecer herramientas para la implementación de los abordajes de las violencias en el aula, tales como métodos de evaluación, indicadores de seguimiento o estrategias para establecer prioridades de intervención, que podrán ser replicadas por diversas comunidades.
Para una prueba inicial de la palanca, proponemos implementar un Observatorio de Violencias y Discursos de Odio en el Aula en el Área Geográfica Reconquista del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires.
4 ¿QUÉ MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS O MEDICIONES SE PUEDEN PONER EN MARCHA?
- El Observatorio pretende emplear la dimensión transversal de igualdad y no discriminación configurada según el modelo de indicadores en derechos humanos para políticas públicas, basado en el Protocolo de San Salvador. En particular, atendiendo a los artículos 13 (Derecho a la Educación) y 16 (Derecho de la Niñez). Además, el Observatorio se plantea perseguir los objetivos establecidos en el Apartado II de la Observación General N.o 24 de la Convención de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas (2019), tendientes a una aplicación holística de los sistemas de justicia juvenil y a proteger los derechos de los niños y los jóvenes.
- El Observatorio también tiene como objetivo diseñar indicadores específicos que permitan caracterizar y valorar cuali-cuantitativamente la presencia de discursos de odio y situaciones de violencia en la comunidad escolar. Estos indicadores permitirán establecer medidas observables de volumen, intensidad, persistencia y direccionalidad de los discursos de odio y las situaciones de violencia en los escenarios estudiados, así como también definir parámetros de comparabilidad para el análisis de casos y la elaboración de escenarios de situación que puedan ser puntos de partida para el intercambio entre los diversos actores involucrados.
5 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POTENCIALES DE LA IDEA Y CUÁLES SUS COSTES?
Beneficios:
- Contribuirá a abordar de manera informada y operativa los discursos odiantes y las formas de la violencia que son potencialmente peligrosos para el bienestar de los estudiantes y la comunidad educativa.
- Propondrá indicadores para categorizar y monitorear discursos de odio y situaciones de violencia en el ámbito escolar.
- Contribuirá a identificar y poner en diálogo los diversos actores sociales involucrados en el monitoreo de los discursos de odio y la violencia en las aulas.
- Ayudará a sistematizar y compartir experiencias y saberes para lidiar con situaciones de violencia que se desarrollan en las diferentes comunidades educativas.
Costos:
- Costo de implementación de una política pública estatal que pueda coordinar y hacer colaborar a los diversos actores sociales involucrados en los procesos de monitoreo e intervención contra los discursos de odio y las violencias en el aula.
- Costo de las investigaciones necesarias para la creación de indicadores apropiados para la evaluación, tipificación y clasificación de los discursos de odio y las formas de la violencia.
- Costo de las campañas públicas para dar a conocer y explicar el problema que representan para las sociedades democráticas los discursos de odio y las situaciones violentas en la escuela, así como su relación contradictoria y perniciosa con los derechos reconocidos internacionalmente de los niños y los jóvenes.
6 ¿LA IDEA AUMENTARÁ LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y/O MEJORARÁ LA AUTONOMÍA? ¿SI ES ASÍ, CÓMO?
Inclusión económica:
En lo que respecta a la inclusión económica ―o, preferentemente, socioeconómica y legal―, la construcción de mecanismos de abordaje de las situaciones donde se ponen en juego discursos de odio y violencias en el ámbito escolar, desde las comunidades educativas y para las comunidades educativas, permitirá, en primer lugar, observar y comprender cómo las expresiones de odio y la violencia que sufren los jóvenes restringen, fragilizan o anulan mecanismos y protecciones de derechos económicos, sociales y culturales de las personas. En segundo lugar, la articulación del análisis del funcionamiento de los discursos de odio y las violencias en el aula con las estrategias que se construyan desde la intervención de la escuela como “persona allegada”, permitiría construir herramientas para garantizar a los jóvenes el pleno goce de sus derechos.
Autonomía:
La iniciativa contribuye a mejorar la autonomía y el acceso a derechos de niños y jóvenes en edad escolar y, en particular, de aquellos grupos sociales históricamente discriminados, estigmatizados y asediados, y que hoy son el principal objeto de los discursos de odio y la violencia social. En este sentido, el proyecto favorece la formación en una ciudadanía autónoma, la convivencia democrática y la realización efectiva de los derechos humanos y las libertades civiles, económicas y políticas que toda sociedad democrática debe garantizar para las infancias y adolescencias.