El empleo público es quizás uno de los temas que genera más álgidas reacciones en el debate político cotidiano. Están quienes plantean que el cuestionamiento respecto a la idoneidad del sistema de empleo público, sobre todo si se hace referencia a su profesionalismo y meritocracia, implica un desprecio hacia la administración pública y quienes la integran. Por otro lado, están quienes muestran una desconfianza intrínseca hacia el Estado. El funcionario público es parte del problema, un gasto que se debería recortar. La carrera al interior de la administración pública no debe ser fomentada ni promover un tratamiento distinto a lo que especifica el Código del Trabajo.
Esta es una problemática que se debe abordar con altura de miras a fin de generar cambios en el régimen de empleo público para avanzar así en un Estado eficiente. Para esto se deben tener en consideración ciertos factores como:
· Los incentivos que ha tenido la política para realizar cambios en el estatuto laboral de la administración, a fin de asegurar una burocracia proclive a sus ideas, generando así múltiples estatutos laborales al interior del Estado, la contratación de funcionarios en cada nueva administración y, el incentivo a la rotación en cargos sensibles y técnicos que requieren de mayor estabilidad.
· La existencia de una cercanía entre la administración y la política, las que muchas veces se confunde. La política y los incentivos que la rodean hace atractivo fundir el gobierno y la administración.
El actual régimen de empleo público no separa al Gobierno de la Administración del Estado. Dos tercios del personal directivo en La Moneda es desvinculado en los dos primeros años de cada gobierno, las razones argumentadas son la confianza política. Lo anterior impide la formación de una gerencia pública profesional.
Mencionar también lo que dice relación con la inamovilidad de los funcionarios de planta, los bonos por desempeño y desconocimiento de la cantidad de funcionarios públicos.
· La inamovilidad de los funcionarios de planta, condición que dictámenes de Contraloría y fallos de tribunales ha hecho que se extienda a los funcionarios a contrata e incluso a los honorarios, consolidando la petrificación de empleados públicos que se mantienen en sus cargos con independencia de su desempeño.
· En 2021, el 63% de las 174 instituciones estatales evaluadas por metas tuvo un 100% de cumplimiento y ninguna bajó del 90%, por tanto, todos los funcionarios recibieron bonos por desempeño.
· Desconocimiento de la cantidad de funcionarios que trabajan en el sector público y por ende cuánto le cuesta al fisco. Lo anterior dificulta la capacidad de evaluar la eficiencia del Gobierno y la Administración Pública, imposibilitando cualquier planificación estratégica o toma de decisiones. Obstaculizando también un adecuado escrutinio de la sociedad civil y los medios de comunicación.
Para avanzar hacia un régimen de empleo público moderno y claro, que compatibilice el mérito como eje orientador junto con una protección adecuada del funcionario público ante la influencia de la política, Pivotes propone:
· Separar de forma clara las facultades de Gobierno de aquellas que son propias de la Administración del Estado. Al Gobierno le corresponde la conducción política del Estado y definición de las políticas públicas, encabezado por quien ejerza la Presidencia de la República e integrado por ministros, subsecretarios, delegados presidenciales y personal de exclusiva confianza, siendo funcionarios de naturaleza política y excepcional. Por su parte, la Administración de Estado, es responsable de implementar las políticas definidas por el Gobierno y proveer a la ciudadanía de servicios públicos de calidad. Siendo así funcionarios de naturaleza técnica y profesional.
· Regular un nuevo estatuto jurídico para la Administración pública, que sea coherente con su naturaleza técnica, profesional y meritocrática. Deberá establecer un régimen general de empleo público único. Este deberá velar por un adecuado equilibrio entre la protección del empleo público y la adaptabilidad para un correcto desempeño de los aparatos gubernamentales.
El estatuto único también deberá contemplar un régimen especial para funcionarios de Gobierno y de exclusiva confianza del presidente de la República, coherente con su dimensión de excepcional y limitada.
· Un Servicio Civil técnico e independiente con competencias y facultades para desempeñar su labor, regulando los procesos de selección de funcionarios públicos, rechazar las desvinculaciones que no estén debidamente fundadas e informadas previamente, normar los procesos de evaluación u otros.