Desde hace más de una década se observa un deterioro de la convivencia cívica que tiene su expresión en el sistema político. Cada vez es más difícil generar acuerdos sustentables y a largo plazo. La fragmentación al interior del Congreso Nacional, la debilidad de los partidos políticos y los escasos incentivos a la colaboración entre los poderes del Estado y a nivel de oficialismo- oposición se advierten como los principales problemas a resolver.
A nivel de fragmentación de los partidos políticos con representación parlamentarias, ha existido una escalada de nuevos partidos con representación en el legislativo. Negociaciones complejas se dificultan cuando hay múltiples intereses partidarios que conciliar, varios líderes con quien negociar y la necesidad de reforzar la identidad de esta multiplicidad de partidos políticos por sobre criterios de responsabilidad.
En lo que se refiere a la debilidad de los partidos políticos, se ha ido acrecentando una tendencia a una mayor relevancia de líderes independientes o díscolos al interior de los distintos partidos. Respecto de los independientes su máxima expresión se vio luego del “estallido social” al interior de la Convención Constitucional, donde más de la mitad de los representantes no tenían militancia alguna. A nivel de discolaje, los parlamentarios independientes, excepcionales en otros períodos legislativos, hoy se elevan a 38, de los cuales 12 renunciaron a su militancia luego de ser electos.
Cabe mencionar la experiencia del último proceso constitucional. En la Comisión Experta se llegó a un acuerdo unánime de un paquete de reformas al sistema político. Se partía de la base de un diagnóstico crítico respecto a la disfuncionalidad del sistema político y los efectos negativos que ha tenido respecto a otras áreas del Estado. En la Convención Constitucional el texto sufrió cambios, pero mantenía el sistema presidencial con modificaciones que apuntaban a reducir la fragmentación, fortalecer a los partidos políticos y fomentar la colaboración entre órganos del Estado e instituciones. Si bien en el referéndum de salida rechazó la propuesta de nueva constitución, uno de los aspectos más valorados fueron los ajustes al sistema político.
Nuestro sistema político presenta síntomas de crisis. Esto son:
· La fragmentación: el número de partidos con representación en el Congreso Nacional es excesivamente alto, dificultando la gobernabilidad.
En Chile, el número de partidos políticos con representación parlamentaria ha ido aumentando progresivamente. Actualmente se llega a 22, entre 2010-2014 había ocho partidos políticos, en el periodo comprendido entre 2014-2018 había once y entre 2018-2022 quince.
· La gobernabilidad: en un contexto de múltiples candidatos y elecciones permanentes, la militancia partidista opera como una señal que permite a los votantes superar las dificultades de información que se enfrentan a la hora de votar. Sin embargo, esto requiere una fortaleza de estas instituciones y una cohesión interna que se ha perdido. En el actual período parlamentario 38 diputados pertenecen a comités de independientes y no de partidos políticos.
· La colaboración: el sistema político chileno también muestra bajos incentivos a colaborar entre gobierno y oposición, y entre Ejecutivo y Congreso Nacional. Existe una dificultad de formar coaliciones que permitan sacar adelante reformas relevantes, pese a la alta urgencia que la ciudadanía les asigna a las misma. Se suma también el hecho que en el Congreso Nacional avancen con mayor frecuencia proyectos de ley en abierta oposición al Ejecutivo, algo atípico en un sistema presidencial.
Se propone por tanto retomar algunas de las propuestas de la Comisión Experta en materia de sistema político, que permita realizar ajustes a la estructura actual del Estado, con miras a reducir la fragmentación política, fortalecer a los partidos políticos e incentivar la colaboración entre sus principales actores. Para esto, las principales reformas a implementar son:
· Establecer un umbral del 5% de votos totales de una elección que requerirá todo partido para poder tener representación parlamentaria. Los candidatos de aquellos partidos que no sobrepasen dicho umbral no accederán a un escaño, el que pasará al siguiente candidato más votado del pacto electoral. Con esto, partidos pequeños con candidatos competitivos tendrán el incentivo a fusionarse con anterioridad a una elección ante el riesgo de perder sus votos y escaños.
· Reducción del número máximo y mínimo de parlamentarios que elige cada distrito electoral. Así del mínimo de 3 y máximo de 8 se transitará a un mínimo de 2 y un máximo de 7 parlamentarios por distrito. El número reducido de parlamentarios por distrito dificultará a los partidos más pequeños acceder al último escaño disponible, fomentando las fusiones de partidos y desincentivando la creación de nuevas instituciones.
· Establecimiento de una regla que sancione las renuncias de candidatos electos al alero de una tienda política con la pérdida del cargo, y permitiendo que sea el partido bajo el cual el candidato originalmente postuló el que decida su reemplazo. En adición a esto se proponen establecer un catálogo acotado de materias en las que puedan existir órdenes de partido, cuya contravención acarree la pérdida del escaño y el fin de la militancia. Ambas normas permitirían ordenar y cohesionar el actuar de los partidos políticos al interior del Congreso Nacional, y puede transformarse en un primer paso para partidos más fuertes y para desincentivar actitudes oportunistas de representantes díscolos.
· Fomentar la colaboración entre poderes del Estado y entre oficialismo y oposición, para esto se proponen cambios en materia de urgencias. Crear urgencias anuales para un número limitado de proyectos del Ejecutivo que deberán ser despachados dentro de ese año calendario; entregando al Congreso la facultad de calificar (determinar el plazo) las urgencias ordinarias previa propuesta del presidente, y fijando sanciones por incumplimiento de dichas urgencias.
Se propone establecer mecanismos de tramitación expedita de proyectos de ley que permita que materias urgentes o de fácil despacho no deban someterse al proceso bicameral aplicable como regla general.
Finalmente, se propone que el presidente de la República pueda presentar proyectos de ley en conjunto con parlamentarios, fomentando el trabajo prelegislativo y la búsqueda de transversalidad desde el inicio de la tramitación de un proyecto de ley.
· Implementación de cambios en el proceso de formación de la ley. Estas modificaciones deben ir en la línea de incorporar una participación ciudadana más activa que fortalezca nuestra democracia representativa. Se proponen iniciativas populares de ley, los foros de deliberación ciudadana, mediante una selección aleatoria de sus integrantes, y fortalecer los plebiscitos como instancias relevantes para decisión de carácter local.
Finalmente, un adecuado proceso de formación de leyes requiere de una mayor simetría técnica entre Ejecutivo y Legislativo, para lo cual se hace necesario contar con un órgano fuerte e independiente que asesore al Congreso Nacional en el debate presupuestario y también en análisis de impacto regulatorio de propuestas sometidas a su deliberación.