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Público

Coherencia económica de los programas electorales

Garantizar la viabilidad normativa, competencial, fiscal y presupuestaria de las promesas electorales a través de un sistema de auditoría

29 febrero 2020

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El objetivo es llevar a cabo una evaluación ex ante de los programas electorales de los partidos políticos. La idea es garantizar la viabilidad normativa, competencial, fiscal y presupuestaria de las promesas electorales a través de un sistema de auditoría llevado a cabo por una entidad independiente y con competencia técnica acreditada.

Hasta ahora han sido los partidos políticos los encargados de elaborar el programa electoral sin que nadie se pronunciara sobre su viabilidad y coherencia. Es hora de que los electores puedan valorar su contenido, conociendo el montante económico, el origen financiero y, en su caso, las medidas que no podrán seguir financiándose. El elector debe saber qué proyectos son viables y coherentes para así suturar la quiebra de la confianza del electorado hacia las formaciones políticas.

La pérdida de confianza de los ciudadanos en los programas electorales. La falta de compromiso de los partidos políticos y la desconexión de la sociedad con aquellos representantes que no han cumplido con sus promesas y responsabilidades, han debilitado la figura del programa electoral que ha quedado devaluado a un instrumento de propaganda sin ninguna garantía de cumplimiento. Se trata en definitiva de que los programas electorales se acerquen a los contratos de la vida civil.

Nuestra propuesta es que la mejor opción sería atribuir esta evaluación a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), proponiendo un refuerzo de la estructura institucional interna con una nueva división para partidos políticos y programas electorales o ampliando las competencias de la actual División de Análisis Presupuestario.

Para que las evaluaciones sirvan para aumentar el nivel de información de los votantes deben ser presentadas de la forma más sencilla posible en una tabla simple en la que los votantes puedan comparar los efectos en las variables analizadas de todos los programas políticos.

Los partidos políticos tendrían mayores incentivos a incluir propuestas electorales viables y con mayor grado de concreción. Dicho de otro modo, la medida serviría para desanimarles de formular propuestas demagógicas o irrealizables. Una rigurosa evaluación, ayudaría a los votantes a valorar la coherencia de cada partido y la congruencia entre promesas y actuaciones finales.

Para todo este proceso de evaluación, sería lógico que la entidad evaluadora pudiese fijar algún tipo de gravamen para resarcirse de los costes incurridos por este concepto en el ejercicio de sus funciones. Además, los partidos políticos precisarían reforzar sus departamentos económicos con el fin de poder realizar las evaluaciones internas de sus propios programas electorales y dar respuesta a las evaluaciones externas.